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Realmente preocupa lo que está pasando en la pelea judicial que tiene Avantel contra Tigo, Movistar y Claro por el roaming de 4G, batalla que podría terminar con las redes LTE apagadas de estos tres últimos operadores.

Avantel alega, como lo dice la resolución de la subasta de 4G, que los operadores establecidos no podían comenzar a vender LTE sin firmarles el acuerdo de roaming automático nacional, servicio que les permite usar las redes de ellos para brindar 4G mientras construyen la suya propia.

Culpa Avantel a la dilación de sus competidores. Los establecidos dicen que las condiciones de roaming son claras, que incluso tienen acuerdos mutuos y con cientos de operadores mundiales, y que es Avantel el que no ha querido, ni ha podido, aceptar las condiciones de un servicio que debe prestarse en las zonas donde no tenga cobertura (de voz 2G y 3G, y de datos 4G), una red que no tiene, precisamente por ser entrante, y de la que no se sabe cuándo debe tener lista y por cuánto tiempo deben prestarle el roaming. Incluso se habla hasta de impedimentos técnicos para brindar el servicio.
Total, el Gobierno abrió pliego de cargos contra los actuales operadores del 4G.

Todo esto sorprende porque precisamente el Gobierno estuvo viendo todo este zaperoco desde atrás, completo. Él sabía que el roaming no estaba firmado. Y sabía (¿le interesaba?) que los operadores lanzarían sus servicios de 4G. Era evidente que esto terminaría en demandas cruzadas.

¿Por qué no indagaron por la demora en el roaming y lo enderezaron a tiempo? Ahora, estamos ante un alto riesgo de quedarnos sin el servicio de 4G LTE de los tres principales operadores. Como si eso le sirviera a alguien. ¿O sí?

José Carlos García R.
EDITOR TECNOLOGÍA
@JoseCarlosTecno